Una jueza ordena reponer a los responsables provinciales expulsados de la asociación mayoritaria de guardias civiles
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de León ha dictado un auto por el que ordena a la dirección de Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la asociación mayoritaria de este cuerpo, el restablecimiento inmediato de todos los derechos como socios y en sus funciones como delegados provinciales a varios miembros de esta asociación que “fueron suspendidos sin expediente previo ni posibilidad de defensa”.
Esta decisión, adoptada con carácter cautelar, se enmarca en el procedimiento civil iniciado por los demandantes que pertenecían al núcleo organizativo de Jucil en varias provincias y que fueron apartados de sus funciones por el actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sin resolución motivada ni audiencia contradictoria, según fuentes de la corriente interna de esta organización Regeneremos Jucil, que pleitea incluso en el ámbito penal contra el secretario general, Ernesto Vilariño. En ambos casos las denuncias se plantean en León por estar situada aquí la sede nacional de la asociación.
El reciente auto judicial, al que ha tenido acceso ILEÓN, destaca que la medida adoptada por el Comité vulneró derechos esenciales como el principio de audiencia, la tutela judicial efectiva y el derecho a participar en condiciones democráticas en el seno de una asociación profesional. El tribunal estima que la apariencia de buen derecho ('fumus boni iuris') y el riesgo de perjuicio irreparable justifican la adopción de medidas urgentes que impidan daños mayores a la estructura representativa de Jucil.
La jueza ordena que los demandantes sean restituidos “en sus derechos como socios y en su posición asociativa”, incluidas sus funciones como representantes provinciales, y prohíbe expresamente a la dirección de la asociación realizar cualquier acto que “impida o dificulte el ejercicio de sus funciones”.
La plataforma Regeneremos Jucil, impulsora de este procedimiento judicial, ha celebrado este auto a través de una nota de prensa como “una victoria del sentido común, del respeto a la ley y del principio de participación que debe regir cualquier organización, especialmente una que representa a servidores públicos como los guardias civiles”. “En Jucil, gracias a la acción de la justicia, dejan de existir verdades indiscutibles y hemos plantado cara a la cúpula de JUCIL que ahora, con la respuesta judicial debería de dimitir de inmediato”, ha señalado uno de los portavoces.
El auto cuestiona además el modo en que la dirección nacional ha ejercido el poder disciplinario. En particular, alerta sobre la falta de un Comité de Garantías activo, el uso de expedientes sin sustento y la concentración de poder en una dirección que no garantiza el respeto a los principios democráticos. Asimismo, ha exigido a la actual directiva que “cumpla de inmediato” con lo ordenado por el juzgado y se abstenga de adoptar nuevas medidas de represalia contra quienes han ejercido su derecho a la defensa y a la crítica.
Apelación
La actual directiva de Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha anunciado esta misma mañana que apelará el auto dictado por el Juzgado que ordena reponer en sus funciones a los secretarios provinciales que fueron expedientados, precisando que “el contenido del auto es, simplemente, que la medida cautelar de suspensión acordada contra los expedientados queda cautelarmente sin efecto”.
“No anula ni suspende la tramitación de los expedientes sancionadores, que siguen su curso, lo que interesadamente se omite”, ha dejado claro tras señalar que el secretario general de Jucil “ha declarado en los Juzgados de León, como querellante, en las diligencias previas incoadas contra miembros de dicha plataforma, por presuntos delitos cometidos por éstos de injurias, calumnias y coacciones”. El auto, según ha matizado la asociación, “en ningún momento alude a falta de transparencia en los procedimientos sancionadores impuestos por el Comité Ejecutivo Nacional, sus decisiones la falta de diálogo y el desprecio por los estatutos, ni la concentración de poder en una dirección que no garantiza el respeto a los principios democráticos”. “Tampoco se ha pronunciado sobre los métodos disciplinarios de Jucil, ya que solo ha abordado la medida cautelar. Es sencillamente falso”, ha apostillado.
